Indica que ante la emergencia las instituciones públicas enfrentan una posible disminución en sus ingresos, provocada por la cantidad de casos COVID-19 que se presenten en el país, implicando cambios en el consumo de las personas y los agentes económicos en cada sector, así como la necesidad de definir restricciones sanitarias para su control. El análisis del nivel de esa amenaza constituye un insumo relevante para la toma de decisiones en cuanto a la cantidad y magnitud de las acciones a emprender para mitigar los niveles de riesgo institucional.