Expediente que comprende una comunicación del Poder Ejecutivo, acompañando copia de las observaciones hechas por el Presidente de la República contra el decreto de 18 de agosto de 1836, que obliga a los extranjeros a consignarse en lujos del país para ejercer sus negocios. La Comisión de Legislación emitió dictamen manifestando que efectivamente el citado decreto se oponía a la Constitución Nacional y a otras leyes, y presentó un proyecto por el cual se resuelve que por las razones dichas y por su inconformidad con los principios que deben presidir en los gobiernos liberales, el decreto de 18 de agosto de 1836 queda sin efecto en todas sus partes. Se aprobó el proyecto de decreto
