Expediente creado con motivo de varias objeciones hechas por las municipalidades de Nicoya y Santa Cruz, y por arrendatarios de algunas cofradías a la Ley de 3 de mayo de 1833, que ordena vender las cofradías y obras pías del Estado. Contiene además los informes del Jefe Político Superior, y del Consejo Representativo en el sentido de que se dé cumplimiento a la ley por no ser atendibles las objeciones dichas. fue elevado por el Poder Ejecutivo a la Asamblea con indicación de que sería conveniente guardar ciertas consideraciones y miramientos al partido de Santa Cruz a fin de conservar el orden público. Se mandó pasar a la Comisión de Justicia, y no hubo más
