Informe con que el Consejo Representativo devuelve a la Asamblea el decreto de 15 de marzo de 1834, por el cual se dispone que las Autoridades Supremas del Estado residan alternativamente, por períodos de 4 años, en las ciudades de Cartago, Heredia, Alajuela y San José, comenzando por la primera. El Consejo considera inconstitucional el decreto, y contrario al bien público, por varias razones. La Comisión de Justicia considera que puede ratificarse el decreto con algunas modificaciones, siendo lo esencial que la primera residencia sea en la ciudad de Alajuela; y presentó un proyecto de ley al efecto. fueron aprobados el dictamen y proyecto de ley de la Comisión de Justicia
