Decreto de la Asamblea del Estado emitido el 3 de julio de 1830, por el que, se adiciona la Ordenanza de Minería decretada en 20 de mayo último, consignando varias disposiciones sobre la materia respecto a privilegios y concesiones diversas hechas a los mineros naturales y extranjeros en la referida Ordenanza. Informe del Poder Ejecutivo al Consejo de fecha 7 del mismo mes, en sentido favorable al decreto por considerarlo arreglado a la Ley Fundamental y a los principios de una recta administración. El Consejo le otorgó su sanción el 9 de julio
