Decreto de la Asamblea del Estado emitido el 22 de abril de 1830, por el que, se dispone que la Corte Superior de Justicia sin necesidad de declarar que ha lugar a formación de causa ni de instruirla contra los jueces inferiores, podrá imponerles por excesos o faltas leves de cualquiera clase en la Administración de Justicia multas que no excedan de 50 pesos, previa la indemnización de perjuicios a la parte que los haya sufrido; el decreto contiene otras disposiciones sobre procedimientos referentes a la materia. Informe del Poder Ejecutivo al Consejo, de fecha 29 del mismo mes, en sentido favorable al decreto en referencia, obteniendo éste la sanción el mismo día 29 de abril
