Decreto de la Asamblea Extraordinaria del Estado ordenando cumplir la Ordenanza de Minería de 20 de mayo de 1830 y el Decreto adicional del 3 de julio del mismo año, y estableciendo que a los que desacaten las leyes se les considerará expropiados de sus minas y haciendas, las que podías ser ocupadas por cualquier ciudadano, con tal que llenara las mismas formalidades llenadas por su antiguo poseedor. Contiene el informe favorable del Poder Ejecutivo y fue sancionado el 27 de enero de 1831 por el Consejo
