Decreto de la Asamblea Constitucional en que se previene al Poder Ejecutivo gratificar con $ 500 a Juan Antonio Alvarado por los servicios muy importantes que ha prestado a la Nación y especialmente a Costa Rica. El Consejo devolvió sin sanción este decreto, expresando en su informe que en virtud de la penuria del Erario, y no habiendo contraído el Estado una deuda legal con Alvarado por los servicios que prestó como Senador de la Federación, no hay motivo para la gratificación acordada, cuando en diferentes meses no ha habido con que pagar sus sueldos ni aún a los escribientes. Se aprobó el informe del Ejecutivo
