Decreto de la Asamblea Constitucional del Estado emitido el 16 de marzo de 1827, sancionado por el Consejo Representativo el 21 de marzo, prohibiendo que por autoridad alguna pueda habilitarse el papel blanco para los usos a que está destinado el sellado; y prohibiendo igualmente se admitan en los juzgados y tribunales, aún con la protesta de reintegrar su valor, demandas, escritos o cualesquiera documentos que no estén extendidos en el papel y clase del sello que corresponde, con excepción de los agraciados por la Ley; habla también el Decreto de la clase del papel para sellar y establece que para el cambio de sellos se exigirá firma entera de algún alcalde, abogado o escribano en el pliego que se cortará y se le presentará y que sea del bienio corriente
