Consulta del Comandante General sobre la dificultad que se presenta para instruir causas por delitos militares en razón de no haber Auditor de Guerra ni letrados a quienes nombrar como específicos. La pasó el Ejecutivo al conocimiento de la Asamblea, cuya Comisión de Guerra dictaminó que para subsanar la dificultad debía el Gobierno nombrar un Auditor General, con los honorarios correspondientes por actuación, en tiempo de paz. Se señaló día para la discusión y no hubo más
